miércoles, 14 de diciembre de 2011

Ciudad Alternativa critica inversión en torres El Progreso


El Invi asegura que aún no ha asignado las viviendas y que un requisito es no tener casa propia


Por ODALIS MEJIA
o.mejia@hoy.com.do
Fuente: hoy.com.do/el-pais/2011/12/13/405884/Ciudad-Alternativa-critica-inversion-en-torres-El-Progreso

Con los RD$1,330 millones que el Gobierno invirtió en las torres que componen el residencial “El Progreso”, ubicado en la Avenida Luperón del Distrito Nacional, pudo haber mejorado 90,000 viviendas e impactado positivamente la calidad de vida de 360,000 personas.

Partiendo de las estimaciones hechas por Ciudad Alternativa de que el costo de cada apartamento del lujoso residencial “El Progreso”, construido por el Gobierno en la avenida Luperón, es de RD$7.3 millones, los adquirientes tendrían que pagar RD$92,000 cada mes, a una tasa de 13.5% y a un plazo de 20 años, o RD$103,000 a 15 años, por el financiamiento total del inmueble, según bancos consultados.

De acuerdo con la entidad, el Gobierno invirtió RD$1,330 millones en el proyecto, incluyendo el costo del terreno, con lo que pudo mejorar 90,000 viviendas e impactar positivamente en la calidad de vida de 360,000 personas.

Ciudad Alternativa calcula que la inversión en el proyecto representa el 26.5% del total invertido por el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) en los últimos cinco años en activos no financieros, y sobrepasa lo invertido de manera anual directamente.

El Observatorio estimó, además, que con la inversión realizada en El Progreso, el Gobierno habría construido 2,046 nuevas viviendas de interés social, con un valor de RD$650,000, beneficiando a 8,184 personas.

O se habría entregado 26,605 bonos de vivienda de RD$50,000 cada uno, lo que impactaría en la calidad de vida de 106,420 personas.

O se harían 66,514 mejoramientos de viviendas con un valor RD$20,000 cada uno, impactando positivamente en 266,056 personas. En el residencial El Progreso sólo se beneficiarán 180 familias y un promedio de 720 personas.

Estas informaciones están contenidas en el Observatorio de Vivienda y Suelo, presentado ayer por Román Batista, director ejecutivo de Ciudad Alternativa, y otros directivos.

“Este megaproyecto es un claro ejemplo de lo que el Estado no debe hacer. De cómo con recursos públicos que pudieron haber beneficiado a miles de familias, se beneficiarán unas cuantas”, señala el informe.

El Observatorio sostiene que el déficit habitacional cuantitativo del país es de 452,600 unidades de viviendas al 2011, sin embargo, el aporte del Invi para reducir dicho déficit con su actual metodología es muy bajo.

Informaciones. Para el levantamiento de estas informaciones, Ciudad Alternativa se amparó en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, solicitando información al Invi relacionada al proyecto.

En cuanto al costo y procedimientos para la compra de los apartamentos, el Invi informó que el Consejo Directivo aún no ha decido ese punto y que los requisitos para solicitar uno son “los mismos que para las viviendas de carácter social”.

Con relación al listado de los adquirientes, afirmó que existe una relación de postulantes, pero ninguno asignado, y que uno de los requisitos es que no posean una vivienda propia. Los apartamentos serían financiados a través del Banco de Reservas.

Sugerencias. Ciudad Alternativa sugiere que se vendan estos apartamentos a un precio que permita recuperar la inversión total del Estado y que además haya una ganancia.

Que se cambien las condiciones de venta que exigen no tener otra vivienda a los adquirientes, ya que quienes pueden pagar estos precios regularmente tienen otra vivienda, y pueden acceder a las ofertas que hace el mercado privado para los sectores de altos ingresos.


Violación a la ley

La misión del Invi se basa en satisfacer las necesidades habitacionales de las familias dominicanas de bajos y medio-bajos ingresos, con la construcción de viviendas y el otorgamiento de subsidios. Por lo tanto, con la construcción del residencial El Progreso, el Invi viola su ley, su propia misión y la Constitución en su artículo 59, al construir un proyecto de apartamentos de lujo que evidentemente sólo pueden ser adquiridos por personas de altos ingresos.

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