viernes, 15 de octubre de 2010

Falta de políticas sociales y agrícolas afecta a las mujeres campesinas


DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER DEL CAMPO


Fuente: listindiario.com/economia-and-negocios/2010/10/15/162706

El Día Internacional de la Mujer Rural encuentra a las campesinas dominicanas sumida en un estado de miseria por la falta de políticas sociales y agrícolas que incidan en el bienestar de esas familias, según afirmó hoy la Confederación Nacional de la Mujer del Campo (CONAMUCA).

“La mujer del campo en su situación de marginalidad se encuentra sin posibilidades de tener la tierra, el crédito y el acceso a nuevas tecnologías, con un deterioro en los servicios de salud pública, agua potable, de vías de comunicación en las comunidades, y un alto analfabetismo imperante, así como, la concentración de la tierra productiva en manos de terratenientes y capital extranjero”, explicó Juana Mercedes, coordinadora general de CONAMUCA.

Abogó porque se apruebe un anteproyecto que cursa en el Congreso Nacional para una agricultura integral a fin de sacarla del abandono en que se encuentra, que no contempla al hombre y a la mujer del campo.

Mercedes dijo que es necesario la aplicación de un Código Agrario que contemple los derechos humanos, económicos y sociales de la mujer del campo, sustentado en la reforma agraria integral que ponga al campo en condiciones de generar riqueza alimentaria y procure equidad de género y social.

Hoy al conmemorar la fecha las mujeres campesinas tendrán una concentración en Baní donde también celebrarán el 29 aniversario de la Federación de Mujeres Campesinas de esa ciudad.

Policía investiga ex cabo y sargento EN por muerte de alcalde y testigo tras salir de audiencia


EL HECHO SE PRODUJO EN LA MAÑANA DE AYER


Fuente: listindiario.com/la-republica/2010/10/15/162708

El cuerpo sin vida del alcalde pedáneo Juan Emilio, quien fue acribillado junto a Julito Telemaco luego de salir de una audiencia donde éste último era juzgado en el Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de La Altagracia.


La Policía Nacional investiga la muerte de dos hombres que fueron acribillados a tiros ayer en Higüey tras salir de una audiencia que se ventilaba en el Palacio de Justicia de esa ciudad.

De acuerdo a las declaraciones del vocero de la Policía, general Nelson Rosario, aparentemente los asesinatos se produjeron por venganza, ya que una de las víctimas estaba acusada de asesinar a un pariente de los victimarios. El sargento investigado es Henry Pérez, en tanto que anoche todavía estaban prófugos los hermanos Wáscar y Alexander Castillo del Rosario.

Las víctimas son el alcalde pedáneo del Batey Maraguá, Juan Emilio, y Julito Telemaco Yan, de 26 años, quienes fueron acribillados cuando salían de la audiencia que se ventilaba por la muerte de Jofren Castillo Rosario, de 27 años, hecho ocurrido el pasado 30 de mayo del 2009.

El informe preliminar refiere que el detenido y los prófugos siguieron a los hoy occisos desde el tribunal de Higüey en una jeepeta Lexus, gris, luego de que fuera reenviado un juicio por el homicidio de su pariente Yofener Castillo del Rosario, y al interceptarlos los atacaron a tiros, ocasionándoles las heridas mortales. Ambos occisos residían en el Batey Maraguá.

Los crímenes están vinculados a un supuesto alijo de drogas que fue bombardeado por una avioneta en el referido batey y se desapareció.

Paros de camioneros y haitianos afectan mercado binacional en Pedernales


LOS HAITIANOS PROTESTAN POR MEDIDAS TOMADAS POR LAS AUTORIDADES


listindiario.com/la-republica/2010/10/15/162705

Camioneros continúan en su segundo día en un paro contra la empresa cementos Andino Dominicanos en demanda de cumplimiento en el acarreo de cemento, mientras que haitianos realizan por separado otro paro en la frontero con Haití contra soldados del Cuerpo Especializado de Segundad Fronteriza (CESFRONT), donde queman neumáticos e impiden que sus compatriota crucen ha este lado donde hoy se realiza el mercado binacional.

Los camioneros adscritos a la Asociación de Camioneros, Volteos, Volquetas de Pedernales tienen desde ayer bloqueado el paso de vehículos en demanda de que la empresa Cementos Andino Dominicanos les adjudique un 50 por ciento en el acarreo de cementos y agregados.

De acuerdo a las declaraciones del secretario general de la Asociación, Fernando Matos (Japón) la empresa de capital colombiano les propuso transportar un millón de fundas de cementos gris a Bávaro-Higüey, y que la compañía no cumplió con lo pactado.

El paro de labores se mantiene en la entrada del puente de Cabo Rojo, donde está bloqueada la entrada de los trabajadores, vehículos y los ejecutivos de la empresa.

Los ejecutivos de la compañía enviaron una comunicación en la que expresan que no cederán al chantaje que se le quiere imponer.

Protesta haitianos
Mientras que por separado decenas de haitianos iniciaron esta mañana una protesta para impedir que comerciantes de su país pasen para este lado de la frontera y se realice el mercado binacional en demanda de que el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT) cese las medidas que buscan contrarrestar la penetración de sus compatriotas que entran ilegal a la República Dominicana.

Ambos paros afectan el desenvolmiento económico, así como el transporte de mercancías de comunidades de la costa Sur y el traslado de productos agrícolas y otros que se ejercen durante el desarrollo del mercado binacional los viernes y lunes de cada semana.

Mientras la vigilancia policíaco militar se mantiene en guardia para evitar desordenes.

LAS INTERMINABLES DEUDAS DE LA ALCALDÍA DE CAMBITA Y LA SEMÁNTICA DE LOS GATOS


NICOLÁS ACEVEDO SÁNCHEZ

El asombro espectacular de las actuales autoridades municipales alcanza niveles cardíacos. Cada semana una deuda o un embargo nuevo corren entre los pasillos de la alcaldía y sus cuentas bancarias. Es como una película de suspenso o un drama romántico: cada escena nos asalta y los nervios se enervan.

Con la desgracia de que los autores de los crímenes son gentes del mismo partido: se trata de salvar la situación para no perjudicar a los compañeros delincuentes. Sin embargo, la camisa de fuerza del partido habrá de ser sepultada por el alcalde para cumplir con sus planes y proyectos. Porque la alcaldía no es una parcela ni una pulpería de la asociación de malhechores que durante doce años desgarraron las arcas municipales.

La imaginación de Cambita no logra entender cómo esas gentes pudieron acumular tantos crímenes sin que las entidades fiscalizadoras públicas intervinieran. Dónde estaba la maldita Cámara de Cuentas, dónde la gusanería de Amable Aristy, dónde la inoperante Contraloría General de la República, dónde, dónde, dónde “los honorables regidores…”.

El espectáculo fraudulento llegó a fabricar nóminas clandestinas, contratos ficticios, presupuestos inexistentes, obras nunca ejecutadas y sobrevaluadas, actas de sesiones alteradas, falsificaciones de firma (el tesorero municipal alcanzó un doctorado en esta materia), viajes fantásticos y nombramientos imaginarios con sueldos altísimos.

Una especie de gatería de la peor clase forjó una estructura delincuencial capaz de hacer trizas todos los procedimientos de la administración municipal. En su inteligencia gansteril descubrieron la mejor forma de gastar los tres millones de pesos mensuales sin hacer nada, pero aparentando hacer algo. Ahí se hallan los papeles con todas las jugarretas y emboques.

Pero esos papeles con que aparentaron la transparencia de sus acciones desaparecieron del archivo municipal. De ahí que en los tres meses de transición el informe correspondiente para hacer el traspaso, hablo del 16 de agosto de 2010, no se hiciera ni nunca se hará. Ese tiempo se usó para desbaratar las evidencias de los mil fraudes cometidos.

La conciencia cambitera desconoce que nunca hubo un cabildo: levantaron varios, uno se llamaba MUNICIPIO GIGANTE, otro LUIS Y PACHÉN, otro más PACHÉN, y, el que nunca se respetó, se llama CAMBITA GARABITOS. La articulación y ficción de estos cabildos posibilitó la creación de muchas cuentas bancarias, de préstamos personales e institucionales, de informes para complacer a las instituciones fiscalizadoras y de la elaboración, la astucia del tesorero sobresale, de presupuestos alternativos para justificar erogaciones ilícitas.

Hogaño el alcalde, Cristino Lorenzo, y el consejo de regidores estudian diferentes fórmulas para deshacerse de los delitos cometidos por la asociación de malhechores. Insisto con este tipo penal y reproduzco en lo inmediato lo que señala el Código Penal Dominicano:

Artículo 265. “Toda asociación formada, cualquiera que sea su duración o el número de sus miembros, todo concierto establecido, con EL OBJETO DE PREPARAR O DE COMETER CRÍMENES CONTRA LAS PERSONAS O CONTRA LAS PROPIEDADES, constituye un crimen contra la paz pública”.

Artículo 266. “Se castigará con la pena de trabajos públicos, a cualquier persona que se haya afiliado a una sociedad formada o que haya participado en un concierto establecido con el objeto especificado en el artículo anterior”.

No se necesita mucha formación jurídica en el área penal para darnos cuenta de la existencia de esta tipificación penal en las acciones y hechos que se vienen descubriendo en la alcaldía de Cambita Garabitos. ¿Cuáles son esos hechos punibles dirigidos conscientemente para sustraer los fondos municipales?

a) Comprometer el crédito del ayuntamiento mediante la concertación de préstamos de dinero con personas físicas que no reúnen los requisitos legales para prestarle a una entidad pública. Son los llamados préstamos personales, capital que a título personal tomó el síndico y el tesorero anteriores, y que se pagaban con cheques del cabildo. Muchos de los embargos que se ejecutan se sustentan en esos cheques y en pagarés notariales firmados por los dos ex funcionarios municipales. Si se revisan los libros de ingresos, el capital tomado a crédito nunca entró a la alcaldía.

b) Convertir el ayuntamiento en una tienda de motocicletas. El negocio de las motocicletas registra varias versiones. Veamos algunas:

• La sala capitular autoriza la adquisición de 50 motocicletas para empleados del ayuntamiento, para pagarlos mediante la modalidad de descuentos directos a los sueldos de los adquirientes. La sindicatura se excede a este mandato de la sala y compra 500 motores, los reparte entre amigos y compañeros del partido (esto se hizo en la antesala de la campaña reeleccionista del entonces síndico Luis Soto), comprometiendo el crédito del cabildo. La documentación existente y firmada por las autoridades pasadas indica claramente que se compraron a crédito todas las motocicletas. El ayuntamiento cobraba el dinero de las cuotas mensuales e incautaba motores cuando había atraso. Era una verdadera tienda. Las importadoras nunca manejaron estas labores ni se preocuparon por los atrasos de los adquirientes, ese era un trabajo del cabildo convertido en agencia de motores. Jamás la DELTA y la NIPPONIA incautaron una motocicleta.

c) La sobrevaluación de contratos de obras y la presentación de obras ejecutadas que nadie conoce eran tareas ordinarias. Si se revisan los últimos cuatro presupuestos se advierte la presencia de las mismas obras y su ejecución administrativa, sin licitación, sin presupuestos.

d) La emisión de “cheques futuristas” a los prestamistas era una práctica cotidiana. Decenas de ellos andan por ahí, ahora en manos de abogados que alegremente traban embargos contra las cuentas de la alcaldía.

e) Un conocido prestamista local recibía los cheques de varias nóminas ficticias y los cambiaba sin el endoso correspondiente, con la confabulación del tesorero municipal.

f) Con el tema de los combustibles los fraudes son millonarios: se vendían conduces, se abastecían vehículos ajenos a la institución, se llenaban los tanques de los equipos amarillos para trabajos privados, en fin, todas las mañas posibles se aplicaban en el negocio de combustibles.

g) Descuentos hechos a funcionarios y empleados nombrados para el plan de retiro y jubilaciones de la Liga Municipal Dominicana, y no pagarlos a éste. Lo mismo pasaba con el plan de salud: se hacía el descuento para un seguro médico, pero el personal no disfrutaba de los beneficios del plan.

h) La existencia de una deuda millonaria con la Tesorería Social revela el grado de irresponsabilidad y chapucería de la gestión pretérita. No honraron ningún compromiso institucional.

En medios de todas esas diabluras la nueva alcaldía deberá pedir urgentemente la realización de una auditoría con una firma privada de contables, porque la Cámara de Cuenta es parte de la confabulación criminal y no posee el aval ni el interés para efectuar una auditoría fiable.

Una auditoría responsable realizada por una firma independiente, al margen de la politiquería, revelaría con lujos de detalles todas las barbaridades cometidas y denunciadas. Sólo así podrán descansar el alcalde y la alcaldía de los sobresaltos mensuales y el desasosiego de no contar con los recursos económicos para ejecutar las grandes obras municipales. Que así sea.

PRD reitera queja contra proselitismo de “adelantados” panistas


Por Miguel Alonso

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) reitera su exigencia de que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) haga valer la ley, fije reglas y evite la inequidad en el proceso electoral derivado del proselitismo público, abierto y constante, que realizan militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en su pretensión de ser candidatos a la gubernatura del estado.

Es público y notorio que distinguidos militantes panistas, por cierto todos funcionarios públicos, tienen tiempo realizando actos de precampaña e inclusive la misma dirigencia del partido en cita se ha declarado rebasada por estos aspirantes, por lo que el Consejo General tiene la obligación legal de intervenir en cuanto a dicho activismo preelectoral. Esta demanda se fundamenta en el hecho de que nuestra Constitución Política y el Código Electoral, ambos del Estado de Guanajuato, son muy claros respecto a las obligaciones que tienen los Partidos Políticos en su actuar con lo relacionado con el tema electoral, así como son específicas y precisas las atribuciones con las que cuenta el Consejo General del IEEG para vigilar y resolver respecto de las conductas de los partidos en el tema que nos ocupa:

La Constitución del Estado expresamente señala la obligación de los Partidos Políticos de respetar (conforme lo marca la Ley) los plazos para la realización de los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas (entendidas como procesos internos), esto sin demeritar los estatutos que regulan la vida interna de cada partido [art. 17 párrafo 9 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato].

Los Partidos Políticos no sólo se encuentran obligados a velar por sus disposiciones estatuarias y reglamentarias en el desahogo de procesos internos de selección de candidatos (precampañas), sino que también se encuentran obligados a no contravenir las disposiciones que se citan en la Constitución Política del Estado y el Código de la materia, normativa que es muy clara en cuanto a los tiempos de precampaña y campaña que inclusive no se confrontan con los señalados en los estatutos de los partidos.

Asimismo, es claro que, por mandato Constitucional, la autoridad competente para sancionar lo anterior es el Consejo General del IEEG debido a que la naturaleza y objetivos de este órgano se deben garantizar y vigilar el ejercicio de los derechos políticos así como el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos y las organizaciones políticas, aunado a la función de organizar las elecciones constitucionales en nuestra entidad federativa [art. 1 y 3 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato].

Por lo anterior, el PRD considera que la declaración del Presidente del Consejo General del IEEG, Dr. Santiago Hernández Ornelas, respecto a considerar que los actos de proselitismo señalados son actividades internas del PAN, carece de sustento. Es evidente, y se integran las pruebas correspondientes, que las presentaciones de militantes panistas en diferentes ciudades de la entidad son actos públicos realizados fuera de los tiempos que marca la norma correspondiente.

Ante estas circunstancias, el negar atribución del IEEG para poder intervenir en los actos ilegales y deshonestos de los aspirantes a la precandidatura, resulta ser desafortunado y falso pues, se recalca, una de las atribuciones del éste órgano colegiado es el de vigilar y corregir los actos, conductas y actuaciones de ciudadanos, militantes y partidos políticos que se aparten de la norma constitucional y legal que en materia electoral se encuentra vigente.

Reiteramos: el IEEG, a través del Consejo General, tiene como objetivo-obligación garantizar y velar por la autenticidad y eficacia del sufragio y hacer efectivos los principios rectores de todo proceso electoral (certeza, legalidad, equidad, definitividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y objetividad); ello implica no sólo vigilar el día de la jornada electoral, sino que exige atención desde los primeros actos de precampaña que acontecen en los partidos políticos hasta la conclusión del proceso electoral que resulta ser con los cómputos de cada una de las elecciones.[art. 46 y 47 fracc. V y VII].

El Consejo General del IEEG puede intervenir y frenar las violaciones reiteradas y dolosas a la norma electoral reflejadas en el actuar de los militantes de Acción Nacional que aspiran a la precandidatura; lo anterior y toda vez que, tres atribuciones legales que entren otras tiene el Consejo General es el de:

1.- Preparar, Desarrollar y Vigilar todas y cada una de las etapas de un proceso Electoral;

2.- dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de este Código; y

3.- Vigilar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a este Código, entre otras ( art. 63 fracciones I, II y XV del Código Electoral).

La dirigencia estatal perredista documenta las actividades proselitistas denunciadas e informa que la próxima semana presentará ante el Consejo General del IEEG la queja correspondiente no obstante la postura pública del presidente del organismo, quien como ciudadano no representa a la totalidad de las voces de un órgano colegiado.