La sanción a Juan Carlos Delgado, insuficiente; los panistas se solapan y son condescendientes con los suyos.
La suspensión a Juan Carlos Delgado Zárate exhibe la parcialidad y complicidad en el gobierno del estado en materia de transparencia y combate a la corrupción. El castigo, impuesto por una dependencia a cargo de un panista, sanciona sólo uno de los muchos casos denunciados y lo hace de una manera tibia, como si se tratase de una falta menor.
Juan Carlos Delgado Zárate cuenta con un historial de irregularidades en las dependencias donde ha laborado: el Instituto de Vivienda del Estado de Guanajuato (IVEG), Comisión Estatal de Agua (CEAG) y Secretaría de Obra Pública (SOP). Por tales antecedentes no debía seguir ocupando cargos públicos. Sólo la complicidad que le otorga el ser miembro del partido en el poder se lo permite.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha recalcado algunos de los casos más notorios de corrupción en los gobiernos panistas tanto estatal como municipales:
La Secretaría de la Gestión Pública (SGP) primero a cargo del panista Miguel Márquez Márquez, quien a hora como secretario de Desarrollo Social y Humano viola la ley electoral en su precampaña de facto por la candidatura a gobernador, y ahora bajo la responsabilidad de su correligionario panista Luis Ernesto Ayala, no ha explicado las irregularidades que implicaron el proceso de adquisición de los terrenos para el fallido proyecto de la refinería en las inmediaciones de Salamanca y Villagrán.
Tampoco han aclarado el manejo de los recursos para la construcción de la Expo Bicentenario.
Otro caso de corrupción que no ameritó una sanción a la altura de la falta cometida fue la inhabilitación de cinco años al ex tesorero de León, por haber desviado y perdido 37 millones de pesos en una ilegal inversión en la empresa Metrofinanciera. Por un desvío de 10 mil pesos una funcionaria menor del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) recibió el mismo castigo.
De igual manera no se ha sancionado al responsable de haber dispuesto de un millón de pesos de Educafín que depositó en la empres Inverzión y que también resultaron perdidos.
De los pocos casos sancionados, como es el de Delgado Zárate, los castigos son casi simbólicos, en contraste con la vigilancia y amenazas a funcionarios de los municipios de oposición por parte de los órganos de fiscalización de la entidad.
El PRD continúa con la denuncia de irregularidades en todos los niveles de la administración pública de la entidad y la demanda de sanciones ejemplares a quienes incurran en catos de corrupción sin importar cargo o partido político al que pertenecen.
El señalamiento de que Delgado Zárate se dice “amigo del gobernador” ilustra mucho el por qué ha sido recontratado a pesar de sus antecedentes y de lo injusto de la sanción recibida.
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