El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guanajuato respalda la legislación vigente en el Distrito Federal que garantiza los plenos derechos de todos los grupos sociales al autorizar y validar jurídicamente la unión matrimonial entre personas del mismo sexo.
Asimismo, manifiesta que la controversia constitucional presentada por el gobierno del estado, y otras cuatro entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN), en contra de esa disposición, carece de sustento jurídico y, además de representar un acto de negación a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna e insertos en el contexto de acuerdos internacionales, contraviene al pacto federal.
Los hechos
El martes pasado, el gobierno del estado de Guanajuato, a través del Procurador General de Justicia de la entidad, Lic. Carlos Zamarripa, presentó una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la legislación del Distrito Federal que autoriza los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Esta solicitud fue presentada un día antes de que se venciera el plazo para presentar un recurso legal en contra de la disposición. El argumento del gobierno local es que la ley del Distrito Federal afecta a la soberanía del estado de Guanajuato, que tiene un Código Civil que no contempla los matrimonios entre personas del mismo sexo, ni les faculta el poder adoptar a niños. Plantea que la nueva legislación en la Ciudad de México podría tener una complicación para Guanajuato en el momento en que un matrimonio quiera adoptar niños en el Estado.
Esta controversia es parte de una cruzada que ordenó el PAN nacional en los estados que gobierna, bajo el argumento de que el derecho de un matrimonio conformado por dos personas del mismo sexo a adoptar hijos, "resulta totalmente contrario al interés superior de las niñas y de los niños”.
Posición del PRD
La ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo, vigente en el Distrito Federal, representa el reconocimiento de un derecho pleno a favor de todos los grupos sociales, sin distingo de ideología, credo, condición económica y preferencias sexuales. Se trata de un refrendo al respeto a las garantías individuales consagradas en la Constitución.
La legislación establece el derecho tanto de matrimonios de personas de diferente sexo, como de personas solteras a adoptar hijos. Así como la norma correspondiente demanda una serie de derechos y obligaciones para ambas modalidades, los garantiza para personas del mismo sexo que están unidas en matrimonio; de lo contrario, sería una disposición excluyente, contrataría al principio de igualdad.
El pacto federal establece el respeto a los acuerdos entre las entidades que lo componen, por lo que el estado de Guanajuato, al tratar de contravenir una disposición de uno de sus pares, atenta contra un acuerdo histórico que le ha dado sustento y unidad a un proyecto histórico de nación.
Por otra parte, el tener una preferencia sexual específica o el estado civil de un o una solicitante de adopción no son elementos jurídicos ni se constituyen requisitos que definen ese proceso.
La controversia no procederá y sólo evidencia una postura retrógrada, un acto de intolerancia y una cerrazón ante una realidad social por parte de los gobiernos panistas.
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