GUANAJUATO, México.-La captura de José María Cuevas Arias, alias “El Borrego”, presunto jefe de la organización criminal “La Familia” en Guanajuato, evidencia la fuerza del crimen organizado en la entidad como resultado del fracaso de las políticas económicas, agrarias y educativas en el estado, afirmó el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Prof. Agustín Miguel Alonso Raya,
En rueda de prensa, el dirigente perredista señaló que la captura del presunto delincuente echa abajo las afirmaciones del gobernador Juan Manuel Oliva en las que insistía que los narcotraficantes sólo estaban de paso en la entidad.
Aunque Guanajuato no tiene los mismos niveles de violencia que otros estados, el crecimiento del crimen organizado se debe en gran medida a la desesperación de sectores sociales que ven en la delincuencia una opción.
Por eso el gobierno del estado debe invertir más en apoyo a sectores sociales. Puso como ejemplo que este año se asignaron 320 millones de pesos para el campo en la entidad. El gobernador y el Congreso, explicó, deben asignar el doble de recursos a los campesinos, para que sean productivos y no vean en el narcotráfico una alternativa de vida.
Otro factor que contribuye al crecimiento de la delincuencia es el rezago educativo. Guanajuato, ejemplificó, sigue en el lugar 26 de desarrollo de su educación básica, apenas por encima de estados como Guerrero, Chiapas y Durango. En el caso de la educación superior, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la cobertura es de apenas 15 por ciento, 19 a 20, según la Universidad de Guanajuato, cuando la media nacional es de 24 por ciento.
“No vamos a conseguir una mejor cobertura de educación mientras no se concrete una reforma en el sistema educativo que permita tener una matrícula de cobertura de los aspirantes, elevando su calidad”, resaltó.
Alonso Raya dijo que el PRD ha planteado una serie de propuestas para mejorar la educación, pero quienes han ocupado la dirección de la educación en la entidad se preocupan más por su moral e ideología.
Sólo con una mejor educación se combate problemas como el narcotráfico porque los jóvenes con una mejor educación tienen mayor probabilidad de conseguir un trabajo que no esté ligado a la delincuencia organizada.
Que el gobernador cumpla con la leyEn relación a la donación de cuatro millones de pesos que el gobernador Juan Manuel Oliva hizo a damnificados por el sismo registrado la semana pasada en Mexicali, Baja California, Alonso Raya aclaró que no está en contra de apoyo, pero no puede hacerse violando la ley.
Nada le costaba al gobernador promover la ayuda con el aval del Congreso, por otra parte; por otra, si bien es positivo apoyar a otros mexicanos, en Guanajuato hay municipios siniestrados por la sequía del año pasado y que no se ha cubierto; hay escuelas que sin terremoto están más dañadas que las de Mexicali.
"No nos convirtamos en candil de la calle y oscuridad de la casa, porque el gobernador no es un rey mago que arbitrariamente tome dinero para quedar bien”, resaltó.
Alonso Raya también demandó no criminalizar protestas y criticó la actitud de la policía estatal ante manifestantes de la Unión Campesina Democrática (UCD), a quienes no se les permitió llegar con sus vehículos ante el Palacio de Gobierno y se provocó un caos vial.
Trato preferencial a panistasEl dirigente perredista denunció que los órganos de fiscalización de la entidad, tanto en el congreso del estado como en el gobierno estatal, encarcelan y sancionan a funcionarios de oposición mientras que solapan actos de corrupción lucho más graves cometidos por panistas.
Citó como ejemplos el caso TRAESA y el Ciberfraude en Irapuato, el que se haya “inflado” el presupuesto para la construcción del Parque Temático del Bicentenario, que de 700 pasó a mil 600 millones de pesos, el desfalco de 30 millones de pesos que el ex tesorero de León cometió al invertirlos en el fraude de la Metrofinanciera, entre otros.
Lo mismo ha sucedido con funcionarios de las pasadas administraciones de San Miguel de Allende, Acámbaro y Valle de Santiago. Hay casos donde las administraciones anteriores se endeudaron irresponsablemente y legaron deudas e irregularidades a las nuevas administraciones –donde gobierna o co-gobierna el PRD- y no se han fincado responsabilidades.
Los responsables de los gobiernos emanados del PRD harán las denuncias penales y administrativas correspondientes porque en vez de que metan a la cárcel a quienes han robado a la sociedad serían ellos los encarcelados acusados de omisión, concluyó.
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