La inconclusa y aleccionadora historia del acuerdo JCE-SOMO

¿Hay o no sectores de la JCE que desean ser condenados a pagar millones de dólares?

Por Ramón Tejada Holguín | © Desde el país de Alicia

Fuente: mediaIsla, Boletín 1117

Al conocerse el Laudo que condena a la Junta Central Electoral (JCE) a pagar 9 millones 42 mil 550 dólares al Consorcio Soluciones Modernas (SOMO) y más de 10 mil dólares diarios por cada día que deje de pagar, el presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, según el diario Hoy del 12 de febrero del 2009 (ver nota 1) sostuvo que como parte de la gestión que aprobó el contrato entre la JCE y el consorcio SOMO en el 2006, siempre defendió la transparencia del acuerdo y del trabajo realizado por la entidad en el proyecto de Automatización de los registros Civil y Electoral. ¿Si el acuerdo fue transparente, cuál fue la razón de llevar el caso hasta el grado de tener que ser condenados?

Hay muchas más preguntas y hay gran cantidad de datos importantes para responderlas. Entre las preguntas tenemos una que es la del millón de dólares: ¿Quería la Junta Central Electoral (JCE) ser condenada en el caso SOMO?, o mejor dicho ¿hay personas dentro de la JCE que desean que a la JCE la condenen a pagar millones de dólares a SOMO?

Entre los datos, tenemos uno: según el Laudo Condenatorio la JCE no se defendió, recordemos que la Cámara Administrativa de la JCE es la encargada de la defensa. El Tribunal Arbitral designado por el Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo sostiene en la página 16 del Laudo Condenatorio: "...la JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE) no presentó en su escrito de defensa, ningún alegato a su favor, ni desarrolló su tesis de defensa, rebatiendo o contradiciendo lo alegado por la parte demandante en su escrito de demanda, no hizo reparo alguno, ni se refirió a los méritos de la demanda, tal como lo contempla el artículo 8.1 del reglamento de arbitraje que se aplica a este proceso, tampoco lo hizo al final, cuando este Tribunal Arbitral le otorgó un plazo para que presentara un escrito justificatorio o ampliatorio de las conclusiones que de manera verbal presentó en la última audiencia celebrada".

Es posible que no se defendiera porque, como dijo el presidente de la Cámara Administrativa, "tres auditorías practicadas han demostrado que eran infundados" los alegatos contra el contrato JCE-SOMO (Ver diario Hoy 12 de Febrero, ver enlace en nota 1). Sin embargo, el 17 de diciembre del 2008 se revelaron evidencias de que efectivamente la JCE tenía posibilidades de evitar ser condenada, y de dejar sin efecto el contrato JCE-SOMO, pero las evidencias nunca fueron llevadas al tribunal.

El 17 de diciembre del 2008, casi dos meses antes de ser condenada la JCE, se publicó una información en el diario Hoy sobre el tercer informe de la auditoría que realiza al contrato JCE-SOMO, el Consorcio RSM-BPAM, Pellerano & Herrera, Soriano Martínez y Asociados en el cual se cuestiona la validez legal de la adjudicación de la licitación a SOMO, señalando que no presentó cartas que acreditaran su experiencia en proyectos similares al que realizaría para el organismo electoral. O sea, se contrató a una empresa para que ejecute un proyecto de 62.5 millones de dólares, sin tomar en cuenta que dicha empresa no tenía experiencia en la materia.

Ahí, como que hay cocorícamo. Pero hay más, en el diario se sostiene:
Reveló que el contrato contiene una serie de "imprevisiones, deficiencias legales y errores", entre los que cita, violación de la ley de aprovisionamiento, al hacerse la licitación sin previa asignación de fondos por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto, ausencia de evidencia de cumplimiento de la fianza de anticipo hasta la amortización de la suma avanzada a la empresa; deficiencia en el esquema de pago de los equipos y/o servicios, los cuales dice el informe, "eran pagados sin previamente ser recibidos por la JCE". (Ver información en nota 2)

O sea, ya se habían entregado tres informes, y ninguno se remitió al tribunal, y en este tercer informe se sostiene que hay deficiencias legales y errores. La pregunta se cae de la mata, ¿cómo puede ser que ninguno de esos informes fuera llevado al tribunal? ¿Acaso, como sostienen algunas personas, había interés en sectores de la JCE en ser condenados? ¿Aceptar lo que dice la auditoría obliga a la JCE a investigar si hay responsables, en la actual JCE, de esas "deficiencias legales y errores", lo que podría incriminar a personas que están dentro de la JCE actual? Hago preguntas, no acuso a nadie.

Es bueno señalar que el abogado de la JCE ante el tribunal fue el mismo consultor jurídico de la institución. Interesante. Es costumbre de la JCE contratar prestantes firmas de abogados para defenderse, tal cual hizo en el caso que la enfrentó con el PNVC, sin embargo en este caso, entendió que no necesitaba ninguna firma que le ayudara en su defensa.

Sé que al llegar a este punto el lector o lectora se preguntará, si sectores de la JCE electoral querían ser condenados, ¿por cuál razón se llevó el caso hasta un tribunal contencioso administrativo? Es parte de la historia, el caso se inicia con la firma misma del contrato, ya que hubo diversas denuncias, de empresas ligadas a la informática sobre irregularidades en el concurso, pero se agravó con las denuncias del Ex-Secretario de la JCE, Antonio Lockward, de que SOMO no estaba cumpliendo y de que se deseaba hacer un pago de 100 millones de pesos a dicha empresa. Este pago se realiza a finales del 2006, poco días antes del cambio de la JCE. Lockward fue cancelado por el actual presidente de la Cámara Administrativa aduciendo "conveniencia en el servicio". (Ver la información en nota 3)

Con la entrada de la JCE actual a finales del 2006 se suspenden los pagos a SOMO y se busca hacer la investigación, y se contrata a la firma que hace la auditoría, pero sectores dentro de la JCE no aceptan la auditoría, ni la remiten al tribunal, resultando la JCE condenada.

¿Qué dice en concreto la auditoria? ¿Qué dice el contrato SOMO-JCE? Participación Ciudadana solicitó a la JCE que le diera toda la información pertinente. La Ley de Acceso a la Información, obliga a entregar todos los documentos disponibles del caso. Incluso el 18 de diciembre del 2008, en el diario Hoy el presidente de la JCE dijo que dirige una institución "seria y responsable", por lo que los resultados de la auditoría al contrato con el Consorcio SOMO se darán a conocer tan pronto sea posible (ver información en la nota 4). Todo parecería indicar que Participación Ciudadana tendrá la oportunidad de analizar los hechos y dar a conocer una opinión en uno u otro sentido. Lamentablemente, el mismo presidente de la JCE dijo tres meses después, o sea el 3 de marzo del 2009 que no podía entregar los documentos a Participación Ciudadana porque el caso estaba todavía en curso (ver la información en la nota 5).

Por otro lado, hace más o menos un mes el presidente de la Cámara Administrativa de la JCE sostuvo que "Hasta ahora me he mantenido al margen de las diatribas que se han vertido sobre el contrato JCE-SOMO, pero llega el momento en que hay que hacer justicia y en su momento, yo, moralmente creo que debo referirme a ese tema y lo haré mediante un documento público que pagaré con mis propios recursos" (Hoy 12 de Febrero 2009, ver información en nota 1). Pero, hasta el momento, 11 de marzo 2009, no se ha realizado dicha publicación. Seguimos a la espera,
¿Hará Participación Ciudadana como hizo Huchi Lora y llevará el caso hasta que le entreguen todos los documentos? Ojalá lo haga, para que al menos en este caso todas las dudas se despejen, se castigue a quien deba castigarse y salga inmaculada la persona que no tiene mancha. Esperamos la conclusión de este aleccionador caso en los próximos días, ojalá no necesitemos pañuelos para secarnos las lágrimas, ojalá no sea necesario gritar a voz en cuello: "coño, hasta cuando seguirá la impunidad campeando por sus fueros", pero si hay que gritar, al menos que nuestro grito sacuda los cimientos de la nación.